Gobierno entrega a canales privados 2,5 millones de dólares. Solo por amenazas y con informes juríd



Gobierno hizo acuerdo extrajudicial con empresa propiedad de los canales privados y pagará 2,5 millones de dólares

7 de septiembre La Diaria

Dos informes jurídicos previos concluyeron que recurso de Multiseñal contra el Estado carecía de fundamentos.

El gobierno acordó con la empresa Multicanal SA, dueña del servicio de televisión para abonados llamado Multiseñal, un acuerdo transaccional por el que le pagará 2,5 millones de dólares y así evitará un presunto juicio, con el que amenazaba la compañía, a pesar de tener a su favor informes de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) y la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel).

El pago de esta transacción fue analizado por el Tribunal de Cuentas y resultó, en una votación dividida entre los ministros del organismo, en que no se harán observaciones. Tras ello, en última instancia, Presidencia habilitará el pago y Multiseñal, además de comprometerse a no iniciar un juicio contra el Estado, deberá dejar de usar la banda de frecuencia que le fue asignada para emitir su señal de televisión, que es por antena.

El diferendo entre la empresa y el Estado uruguayo se remonta a 2011, cuando el gobierno, con el objetivo de adecuar la política nacional de telecomunicaciones a las nuevas tecnologías, exhortó a las empresas de televisión para abonados que usaban frecuencias en la banda de 2.500 a 2.690 megahercios, para transmitir por el sistema de antenas, a que cambiaran de frecuencia. Más recientemente se determinó que esa banda de frecuencia será utilizada para internet 5G.

Precisamente, en diciembre de 2019 se lanzó una subasta para la utilización de esa banda de frecuencia, a la que se presentó Telefónica [Movistar] y ganó, y luego Antel, que no participó por su calidad de servicio descentralizado, se sumó aportando la misma cantidad de dinero.

A pesar de que las empresas de televisión para abonados habían sido exhortadas a retirarse de esa frecuencia de espectro radioeléctrico como máximo en enero de 2013, actualmente Multiseñal continúa funcionando allí y argumenta, entre otros factores, que es necesario hacer una inversión de alto costo para adquirir la nueva infraestructura. En este contexto, tras lanzarse la subasta, Multiseñal presentó un recurso de revocación ante la Ursec, en el que señala que la nueva situación genera interferencias en su señal.

No obstante, en su momento, mediante un informe técnico, la Ursec rechazó este recurso de revocación porque entendía que, en caso de generarse interferencias, no podía entenderse que el Estado o los ganadores de la subasta fueran los responsables, por tanto no se hizo lugar al reclamo. En la misma línea se pronunció la asesoría jurídica de Dinatel, que en un informe argumentó que la empresa no tenía razón en su reclamo sobre las presuntas interferencias.

Sin embargo, el gobierno decidió iniciar una negociación con la empresa para arribar a un acuerdo transaccional por el que el Estado se comprometió a pagar 2,5 millones de dólares y la empresa, a cambio, deberá liberar en un plazo no mayor a cinco meses la frecuencia que utiliza, pondrá a disposición de sus clientes un plan de migración para que sigan recibiendo el servicio y, además, renunciará a todas sus autorizaciones y derechos de uso de espectro para abonados. A su vez, el acuerdo pondrá fin a todos los recursos promovidos por Multicanal por la vía administrativa, y deberá abandonar sus presuntas intenciones de iniciar cualquier acción judicial.

La herencia

El titular de la Dinatel, Guzmán Acosta y Lara, dijo a la diaria que la resolución del gobierno busca saldar un diferendo que es “una herencia del gobierno anterior” y que exponía a diversos juicios al Estado uruguayo. El jerarca criticó que la subasta se hizo a fines de 2019, “cuando ya estaba terminando el gobierno”, y manifestó que es “muy llamativa” la fecha. Agregó que la subasta “generó consecuencias”, entre ellas, que la nueva instalación “generaba interferencias”.

“Hoy estamos terminando un problema que heredamos”, destacó Acosta y Lara, y agregó que actualmente son “perjudicadas” Antel y Movistar al no poder manejar su espectro con libertad. Según dijo, con esta transacción con la empresa de televisión las empresas de telefonía podrán utilizar “antenas que van a mejorar el servicio”.

El año pasado, la presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendía, dijo a la diaria que Multiseñal tuvo algunos problemas luego de la subasta de espectro. “En abril, en plena pandemia, Antel quiso prender las radiobases porque el tráfico se disparó muchísimo, y al prenderse destapó un gran problema que heredamos: si Antel y Movistar prenden las radiobases de 2,6 que compraron en la subasta de 2019, Multiseñal y más de 15 empresas del interior del país ven muy afectados sus servicios”.

En la resolución sin observaciones del Tribunal de Cuentas hubo dos ministros –propuestos por el Frente Amplio– que se posicionaron en contra de la decisión de la mayoría y señalaron que no había un elemento objetivo que motivara la millonaria transacción a la empresa, ya que los informes de la Ursec y la Dinatel señalaban que no había pruebas para indicar responsabilidad del Estado en las presuntas anomalías en la señal de Multicanal.

El ministro Enrique Cabrera dejó constancia en la resolución del Tribunal de Cuentas de que el gasto debió ser observado y fundamentó que los informes técnicos de la Ursec y el jurídico de la Dinatel son claros. Con respecto al primero, citó un tramo en el que se indica que si Multicanal eligiera un mejor sistema de recepción de señal “la afectación se ve reducida significativamente”. Cabrera resumió que “el problema mayormente se da por el sistema de recepción de Multicanal SA” y que, por otra parte, “se determinaron interferencias originadas en territorio argentino en ocasiones de situaciones atmosféricas especiales y otras causas de interferencias que no pueden ser probadas por Multicanal SA”.

Con respecto al segundo informe, Cabrera resumió que “las interferencias denunciadas obedecen a que los equipos receptores no son aptos para impedir las interferencias” y que “la empresa no ha podido demostrar que sus incumplimientos o interferencias hayan sido ocasionadas por responsabilidad de los servicios de telefonía móvil o por la actuación del Estado, sino por lo contrario, por incumplimientos de la empresa”. El ministro del tribunal señaló que de los informes “se desprende en forma rotunda que no le asiste razón a Multicanal SA en su demanda”.

El otro ministro que manifestó que debió observarse el gasto fue Miguel Aumento, que coincidió con Cabrera en la argumentación. Además, agregó que a pesar de que el tribunal no debe expedirse sobre cuestiones de oportunidad o conveniencia de los gastos, “cabe preguntarse si es que efectivamente se analizó toda cuestión legal de la transacción referida, en el sentido [de] que no necesariamente todo aquí hace al mérito, entre otras, las causas objetivas para que se concrete la pretendida transacción extrajudicial”.

Clientes y amigos

El investigador y director del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia (Observacom), Gustavo Gómez, expresó en su cuenta de Twitter que, “a diferencia del caso Katoen [Natie] (donde no hubo informes jurídicos), aquí los hubo”, pero “todos en contra del denunciante”. “Las asesorías de Ursec y Dinatel concluyeron que no estaban probadas las interferencias. Ergo, no podrían ganar esos juicios. ¿Por qué transar, entonces?”, preguntó.

Agregó que “la oferta incluiría pasar la mayoría de sus usuarios (unos 15.000) a otras empresas para que no queden sin servicio de televisión”, y aclaró que las beneficiadas “son dueñas” de Multicanal: Montecable, TCC y Nuevo Siglo. Finalmente, añadió que un plan B para evitar la retirada de Multicanal podría ser mejorar la infraestructura que tiene para eliminar las presuntas interferencias. Según dijo, “incluyendo mano de obra”, el gasto no sería mayor a un millón de dólares. “¿Por qué pagar tres veces más?”, cuestionó.

Un informe publicado por el semanario Brecha en 2017 orientaba sobre los dueños y vínculos de Multicanal. Precisamente, los dueños de los canales 12, 10 y 4 [y sus respectivos servicios de cable] conforman una alianza bajo la cual crearon Multiseñal para Montevideo y PuntaCable para Punta del Este y Maldonado. Fue en 1994 cuando, durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera, los tres canales consiguieron la licencia conjunta para que comenzara a operar Multiseñal.