Se dio a conocer el acuerdo al que llegó el gobierno con la empresa Katoen Natie (KN)
La semana pasada, mientras el ministro Heber comparecía por este mismo tema ante la Comisión de
Hacienda del Senado, el gobierno publicó el texto del acuerdo con la empresa que amenazaba con demandar al Estado por la suma de USD 1.500 millones.
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https://www.elobservador.com.uy/nota/navieras-preocupadas-por-futuro-monopolio-privado-en-puerto-de-montevideo-20216313130 (copie este enlace en su navegador para ver mas info)
RESUMEN
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTO?
Las tarifas que se pagan al movilizar mercadería en el puerto impactan muchísimo en la economía del país. En el caso de las exportaciones, los costos excesivos se traducen en pérdida de competitividad frente a la producción extranjera; en el caso de las importaciones, esos sobrecostos se trasladan a los precios que pagamos todos por los productos que consumimos. Por eso es crucial que exista competencia entre las empresas que operan en el puerto, como forma de evitar que se paguen tarifas exorbitantes.
¿QUÉ RECLAMA LA EMPRESA?
La empresa KN entiende que la concesión que se le dio a TCP en el año 2001 le da la exclusividad (o sea, el monopolio) para movilizar contenedores en el Puerto de Montevideo y considera que el Estado ha permitido a otras empresas operar ilegalmente en el puerto. En base a esto amenazaba con demandar al Estado por USD 1.500 millones.
¿QUÉ HIZO EL GOBIERNO?
Con el argumento de evitar el juicio con el que amenazaba la empresa, el gobierno accedió a concederle una serie de beneficios exorbitantes. Queres saber mas detalles?
INFORMACION COMPLETA
¿MONOPOLIO EN EL PUERTO DE MONTEVIDEO HASTA 2081?
Se dio a conocer el acuerdo al que llegó el gobierno con la empresa Katoen Natie
La semana pasada, mientras el ministro Heber comparecía por este mismo tema ante la Comisión de Hacienda del Senado, el gobierno publicó el texto del acuerdo con la empresa que amenazaba con demandar al Estado por la suma de USD 1.500 millones.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTO?
La gran mayoría de todos los productos que el país importa y exporta pasa por una de las dos terminales del Puerto de Montevideo que están equipadas para operar contenedores. Una de ellas es la terminal multipropósito, que permite la carga y descarga de mercadería en diferentes modalidades (incluyendo contenedores), mientras que la otra es una terminal especializada únicamente en contenedores. Esta última está concedida desde el año 2001 y por el plazo de 30 años a la empresa Terminal Cuenca del Plata S.A. (TCP), propiedad 80% del conglomerado belga Katoen Natie (KN) y 20% del Estado a través de la Asociación Nacional de Puertos (ANP).
Las tarifas que se pagan al movilizar mercadería en el puerto impactan muchísimo en la economía del país. En el caso de las exportaciones, los costos excesivos se traducen en pérdida de competitividad frente a la producción extranjera; en el caso de las importaciones, esos sobrecostos se trasladan a los precios que pagamos todos por los productos que consumimos. Por eso es crucial que exista competencia entre las empresas que operan en el puerto, como forma de evitar que se paguen tarifas exorbitantes.
¿QUÉ RECLAMA LA EMPRESA?
La empresa KN entiende que la concesión que se le dio a TCP en el año 2001 le da la exclusividad (o sea, el monopolio) para movilizar contenedores en el Puerto de Montevideo y considera que el Estado ha permitido a otras empresas operar ilegalmente en el puerto. También acusa al Estado de haber dado ventajas exorbitantes a la empresa Montecon S.A. (de capitales canadienses y chilenos) que opera en la terminal multipropósito. La opinión de la empresa es que todos los contenedores tienen que pasar por la terminal especializada que opera únicamente TCP y el Estado en principio no debería permitir que ningún contenedor sea cargado o descargado en la terminal multipropósito.
En octubre de 2019 la empresa inició una negociación en el marco del tratado que protege a las inversiones de empresas belgas en nuestro país, y si bien no llegó a presentar una demanda, declaró que los perjuicios que reclamaría al Estado serían de USD 1.500 millones.
¿QUÉ HIZO EL GOBIERNO?
Con el argumento de evitar el juicio con el que amenazaba la empresa, el gobierno accedió a concederle una serie de beneficios, entre los que se incluyen:
Adicionar cincuenta años a la concesión que tiene la empresa. Eso la lleva hasta el año 2081.
Permitir la carga y descarga de contenedores únicamente en la terminal que opera la empresa, y sólo en caso de que esta se encuentre desbordada, permitir que se utilice la terminal multipropósito. Esto configura efectivamente un monopolio privado en el mercado de carga y descarga de contenedores.
El Estado queda impedido de conceder una segunda terminal de contenedores hasta el año 2081 (salvo que se cumplan ciertas condiciones de muy difícil realización).
Aumentar el espacio que la empresa puede utilizar dentro del puerto y concederle nuevos accesos al puerto.
Permitir que la empresa fije libremente ciertas tarifas que hoy se encuentran topeadas.
Concederle gratuitamente un espacio en la zona de Puntas de Sayago donde la empresa instalará generadores eólicos y UTE le comprará la electricidad al mismo precio que se le vende la energía que consume en la terminal.
El Estado se compromete a efectuar el dragado en los canales de navegación hasta una profundidad de 14 metros.
A cambio de todo esto, además de renunciar a su intención de demandar al Estado, la empresa se compromete a:
Realizar obras para mejorar su infraestructura por un valor estimado de USD 430 millones.
Reducir gradualmente algunas de las tarifas que se cobran a exportadores (no así a importadores). Si el Estado no cumple con la preferencia que se le debe dar a la terminal TCP, la empresa dejará sin efecto el descuento de tarifas y le reclamará a la ANP la diferencia por las reducciones ya aplicadas.
Pagar la parte de las ganancias generadas en los últimos años que corresponden a las acciones del Estado y que TCP tiene retenidas.
¿ES LEGAL EL ACUERDO QUE REALIZÓ EL GOBIERNO CON LA EMPRESA? ¿ES CONVENIENTE?
Esto es lo que los senadores del Frente Amplio que integran la Comisión de Transporte y Obras Públicas (Mario Bergara, Eduardo Bonomi y Charles Carrera) se encuentran estudiando. Algunas de las dudas que se espera despejar en las próximas semanas son las siguientes:
Si el Poder Ejecutivo tiene competencia para otorgar todas las concesiones que está dando.
Si es verdad que la empresa tenía elementos para demandar y si la cifra publicitada de USD 1500 millones tiene algún asidero. En particular, los senadores pidieron ver los informes jurídicos que tuvo el Estado a la vista antes de llegar a esta decisión.
Si las autoridades de la ANP, incluyendo a la directora propuesta por la oposición, tuvieron conocimiento de la negociación.
Si el gobierno está indebidamente reconociendo frente a la empresa que hubo responsabilidades por parte del Estado.
Si la totalidad de los USD 430 millones de obras a realizar por la empresa se harán con aportes privados y cómo afecta eso a la participación del Estado en la empresa.
Cómo nos afectará este monopolio de 60 años de plazo.
De qué manera queda expuesto el Estado a futuros juicios por parte de las empresas que resulten perjudicadas por cambios en las reglas de juego.