Salados riesgos del Proyecto Neptuno
La Constitución establece en su artículo 59 que “el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario”.
La Diaria Marcelo Pereira
Una variante de tan sabio principio puede aplicarse, incluso con más razón, a las concesiones de obras públicas: a una empresa se la debe contratar para un proyecto que le convenga al país, y no corresponde hacer un proyecto para la conveniencia de una empresa a contratar.
Esto viene al caso en relación con la iniciativa de instalar una planta potabilizadora de aguas del Río de la Plata en Arazatí, sobre la costa del departamento de San José, presentada en octubre de 2020, con el nombre de Proyecto Neptuno, por el consorcio Aguas de Montevideo, que integran las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast.
Hace años que se registran problemas de calidad en el agua con que OSE abastece al área metropolitana, proveniente de la planta de Aguas Corrientes sobre el río Santa Lucía. Claras evidencias vinculan estos problemas con prácticas contaminantes en la producción agropecuaria y deficiencias del saneamiento y el tratamiento de efluentes. Estos factores, dependientes de la actividad humana, se agravarán debido al cambio climático.
Frenar y revertir los daños causados por el primer factor afectaría grandes intereses económicos, y todo indica que concentrarse en el segundo no sería suficiente. El rumbo elegido por OSE apunta a buscar fuentes adicionales de suministro de agua, y hace temer que se desatienda la tarea de atacar las causas conocidas del problema, con un criterio insensato de “uso y abandono” de recursos naturales.
Venía encaminado, desde 2014, el proyecto de construir una represa sobre el arroyo Casupá, en una zona de sierras con agua mucho menos afectada por contaminación que la del resto de la cuenca del Santa Lucía. Para esta iniciativa ya está aprobada una línea de crédito por 80 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento-Banco de Desarrollo de América Latina, cuya ejecución las actuales autoridades decidieron postergar al tiempo que resucitaban la alternativa de Arazatí, antes descartada por razones técnicas.
Se alega que Uruguay no tiene por qué afrontar insuficiencias del suministro de agua, ya que dispone de un enorme volumen en el Río de la Plata, pero este argumento soslaya datos fundamentales: nuestro país también cuenta con abundantes y envidiables recursos de agua dulce; y potabilizar las aguas del Plata no sería sencillo ni barato, debido a sus variaciones de salinidad y a las floraciones de cianobacterias.
Un reciente informe de la Facultad de Ciencias, realizado a pedido de OSE, confirma y amplía estas perspectivas muy desfavorables para el Proyecto Neptuno, e indica que pueden agravarse en el mediano plazo.
Volvamos, por último, a la Constitución, que desde 2004 establece, debido a una reforma aprobada en plebiscito por amplia mayoría, que “el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano” debe ser prestado “exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”. Esta disposición choca de frente con la intervención de Aguas de D Montevideo, y se suma a las cuestiones ambientales para justificar un rechazo de su proyecto.
Muchas dudas e incertidumbre
La diputada del Frente Amplio (FA) Sylvia Ibarguren, miembro convocante, dijo en conferencia de prensa tras la comparecencia de las autoridades, tiene ahora “mayores dudas, incertidumbres e inconsistencias” que antes.
Conversamos En Perspectiva con Sylvia Ibarguren, diputada del FA.
UN RESUMEN DEL TEMA CON UN POCO DE HUMOR
QUE HIZO Y PROPUSO EL GOBIERNO DEL FA
EN CASO DE REALIZARSE NEPTUNO , QUE ES MÁS ECONÓMICO?
NEPTUNO NO SUSTITUYE A CASUPÁ, IGUAL DEBE HACERSE CASUPÁ
CUANTO SALDRÍA NEPTUNO?
EL MARCO LEGAL Y LA CONSTITUCIÓN
QUE DICEN LOS CONSTITUCIONALISTAS
Que cuestiona el FA?
OTROS ENCARES CRÍTICOS AL PROYECTO NEPTUNO MOVUS
LA INTERVENCIÓN DEL FA EN EL PARLAMENTO POR TEMA PROYECTO NEPTUNO
Proyecto Neptuno no podrá generar agua potable todo el año según informe técnico de OSE
El representante frenteamplista en el directorio de OSE, se refirió a la eliminación de una reserva de agua dulce en el proyecto Arazatí contraviniendo informes técnicos.
Está a estudio del Poder Ejecutivo el proyecto Neptuno, de un consorcio de empresas constructoras como Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast, que prevé la construcción de una nueva planta potabilizadora en Arazatí, ubicado en el departamento de San José, la que tomará agua del Río de la Plata para abastecer a parte de la capital del país y de la zona metropolitana.
Edgardo Ortuño, representante frenteamplista en el directorio de OSE, dijo a Nada Que Perder (M24) que “hay una disminución del rol de la empresa pública con la promoción de proyectos millonarios de gestión privada con escaso contralor de OSE ni contralor de la oposición”.
Para el jerarca, “hay un abuso de la promoción de la iniciativa privada, que la normativa es clara que debe promoverse para situaciones novedosas. OSE se propone trasladar su gestión al sector privado”.
“Los estudios internos y externos dicen que la demanda de agua potable en 2045 vamos a tener un déficit, para eso las administraciones anteriores trabajaron en una fuerte inversión en Aguas Corrientes y en Casupá para mejorar la reserva de agua, eso quedó pronto pero la actual administración resolvió dejar eso en stand by y pasar a este proyecto que apuesta a una nueva toma en el Río de la Plata”, cuestionó.
Advirtió por el exceso de salinidad y la eliminación de una reserva de agua dulce en el proyecto Arazatí, en el que “al parecer”, se le dejará la gestión del agua potable pero “todo el resto se le da a la empresa privada: la propiedad y el mantenimiento de las obras y la infraestructura. Esto tiene un sobrecosto de 41 millones de dólares por poder operar una planta de agua potable, un costo de 1.100 millones de dólares”.
Indicó que informe técnico reciente advirtió que la planta no producir agua potable todo el año si se quita el pólder